La terrible enfermedad eléctrica

Sobre el problema energético en Nicaragua se ha escrito y dicho en cantidad, y no necesariamente en los últimos días. Desde que tengo memoria el problema de los apagones ha sido frecuente, en mayor o “menor” intensidad. Es herencia de la corrupción e ineficiencia de gobiernos y del propio conflicto bélico de la década del ochenta.

Esta semana se anunció que el déficit de generación llegó a 100 megavatios (fuentes del sector energético ya habían asegurado que ha llegado a 118). Todos los elementos de la mala suerte convergen: incidentes imprevistos que sacan de operación a subestaciones eléctricas dejando a medio millón de usuarios sin luz; fin de la zafra azucarera (que aporta 60 megavatios); salida “repentina” de plantas térmicas por desperfectos o mantenimiento; subgeneración de plantas hidroeléctricas en Apanás por falta de lluvias (y manejo imprudente de Bolaños); resistencia en la región a vendernos energía; robo de cables… Unión Fenosa (UF) está haciendo “frente” a este problema con racionamientos de hasta 8 y 10 horas diarias. Lo preocupante es que las autoridades ven el problema (no hay energía) y no implementan alternativas lógicas y sencillas dentro del problema (¿qué podemos hacer para hacer tolerable la falta de energía?).

Para darnos una idea: Néstor Avendaño calculó que en dos semanas de los apagones crónicos de agosto de 2006 se perdieron al menos unos US$ 50 millones en la economía del país. Esto ya es un gran problema pero, aún siendo inevitables estos apagones, ¿es imposible encontrar alternativas para mejorar la productividad y tranquilidad nacional en medio de la crisis?

El ejemplo más claro es la falta de un calendario de racionamiento que se respete, súplica constante de la población, incluyendo sectores productivos. En los ochentas, aún con el conflicto bélico y la economía destrozada, se aplicaba un calendario de cortes que, sin llegar a ser exacto, se procuraba cumplir. La población sabía que aproximadamente a tal hora se iría la electricidad y a tal regresaría. En los noventas hubo intentos similares pero infructuosos; en los últimos años, ¡ni hablar! La población sigue sin saber nada. ¿Usted sabe a qué hora se irá la luz en su barrio o trabajo? ¿A qué hora regresará? ¿Puede usted programar su día sabiendo de antemano a qué hora tendrá luz en su casa y negocio?

En campos pagados durante la semana pasada, UF publicó un calendario de cortes de luz por mantenimiento, que incluía cortes de árboles y tareas similares. Preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre programar y publicar este plan de mantenimiento y uno de racionamiento? Tomando en consideración que autoridades municipales y del Gobierno Central han sugerido sutilmente que este problema va para rato (inicios de 2008, al menos), ¿no es hasta más fácil llevar un control de racionamiento y hacérselo saber a la población, urgentemente?

La mesura debe prevalecer en este tema. Es muy cierto que UF ha fallado deliberadamente en muchas de sus responsabilidades, pero la traba mayor es que los mismos gobiernos han hecho caso omiso a las herramientas que la ley confiere. Quizás el actual gobierno da el ejemplo y antes de hablar del cierre de UF aplica firmemente las penalidades de ley. Es tiempo de medidas precisas respaldadas en la legalidad. Bajo los parámetros en que el Presidente Ortega ha abordado efusivamente el tema, corremos el riesgo de terminar pagándole a UF, colmo de los colmos (para dar un ejemplo, UF ha exigido 54 millones dólares aduciendo “expropiación de su inversión en Nicaragua”, mientras rechaza arbitrajes con las autoridades estatales que reclaman incumplimiento de contrato).

Vámonos por la legalidad. La vigente Ley de Industria Eléctrica, Ley No. 272, señala claramente en su arto. 54 que, “Cuando los distribuidores programen suspensiones en el suministro de energía eléctrica, deberán informarlo a sus clientes con cuarenta y ocho horas de anticipación.”. Es decir, UF como distribuidora debe cumplir con un aviso previo de dos días, detallando los lugares específicos con la hora en que fallará y regresará el suministro eléctrico. ¿Por qué no se cumple a cabalidad? Autoridades del Ministerio de Energía, ¿por qué no aplican la ley y sus respectivas sanciones (amonestación escrita, multas de hasta US$ 100,000, intervención, revocación del contrato de concesión o la licencia; todas sin perjuicio de las responsabilidades penal y civil posibles)? ¿Por qué en medio de la crisis no se cumple con la Ley de Estabilidad Energética, Ley No. 554, que procura una estabilidad mínima en el servicio eléctrico?

Además de la deficiencia en la producción y cortes de energía, es común recibir facturas cada vez más altas. ¿Cómo es posible que la misma casa que sufre racionamiento de 8, 10 horas al día, consuma más electricidad que antes de los apagones? ¿Cuál es la lógica? Amigos que han reclamado esto me cuentan que UF responde con “ése es el consumo y usted tiene que pagarlo” o el antológico “tiene que ver con el precio del petróleo”. Es absurdo.

Las autoridades deben sentarse seriamente a solucionar el problema de fondo, que es complejo y está íntimamente ligado a nuestra dependencia de petróleo para producir electricidad y a la ausencia de otras fuentes de energía, por ejemplo, la energía renovable (hidroeléctrica, eólica, geotérmica), la cual deberíamos exportar por nuestras riquezas naturales en vez de andar buscando en el mercado regional quién puede/quiere vendernos energía. Pero mientras el problema de fondo se resuelve, el Gobierno Central debe tomar y exigir medidas sencillas, como la del calendario detallado de racionamiento, que brinde a la población referencias confiables de las horas en que no habrá fluido eléctrico y la hora de retorno. Así, la población (trabajadores, amas de casa, comerciantes) puede programar su día y procurar la máxima eficiencia, productividad y tranquilidad durante la crisis. Esto daría una suerte de solución en momentos actuales en que la luz se va a cualquier hora y bien puede irse 20 minutos como 10 horas, una o más veces al día. Además, debe evitarse racionamientos en lugares claves (hospitales y centros de salud, oficinas gubernamentales indispensables, carreteras y semáforos neurálgicos) y fortalecer los derechos del consumidor, pues el problema no ha sido únicamente la ausencia de fluido eléctrico sino las variaciones violentas de voltaje que dañan aparatos, máquinas y enseres domésticos. Se trata de enfocar el problema energético como una realidad nacional y darle soluciones inmediatas y a largo plazo.

Por terminar, sería interesante un estudio independiente que determine cómo ha sido el efecto en la salud mental (y consecuentemente física) de la población. No será sorprendente descubrir cómo el manejo irresponsable de los cortes ha incidido, no únicamente en la economía de la población, sino también en el bienestar mental (aumento de sentimientos de impotencia, enojos, frustración, desesperación, improductividad). A todas luces (y también sin ellas), estamos frente a una terrible enfermedad eléctrica.