Nicaragua: una vez más pretenden liberar a Arnoldo Alemán

(Nota de introducción para los lectores de Rebelión)
 

Según la información en Wikipedia:

…Alemán y los suyos habían robado con más rapidez que durante la dictadura de Anastasio Somoza García, y (…) había amasado en el ejercicio de su cargo unos 250 millones de dólares. Por su parte la organización Transparencia Internacional ha calificado a Alemán entre los primeros diez gobernantes más corruptos a nivel mundial en los últimos 200 años. Alemán también sobrelleva otras acusaciones de corrupción en Panamá y Estados Unidos por blanqueo de fondos.

Alemán fue enjuiciado en Nicaragua por los cargos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, robo, y mal manejo de los fondos nacionales. Fue encontrado culpable, y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Actualmente guarda prisión con un polémico permiso de convivencia familiar otorgado por una jueza que le permite el libre circulamiento por la ciudad de Managua, algo así como “ciudad por cárcel”. 

Si el preámbulo es sombrío, las intenciones actuales de los diputados en la Asamblea Nacional de Nicaragua son peores. Dos años después de que fracasara uno irrisorio ensayo de liberación de Arnoldo Alemán, se reinicia la telenovela en 2006, con nuevos pretextos políticos y una población completamente apática luego de aquel emotivo triunfo contra la corrupción.

A menos de un mes de elecciones presidenciales, los rumores toman más fuerza cada día: el Partido Liberal Constitucionalista está dispuesto a entregar el poder a Daniel Ortega a cambio de la liberación de su máximo líder, presidente de la República (1997 y 2001). Otra posible transacción política del pacto en estas fechas tan convulsionadas en la política criolla.

*     *     *

(Nuevamente, la polémica del lavado de dinero)
 

Volvemos a lo mismo. Ayer (02/10/06), los telenoticieros nacionales dieron a conocer las intenciones de crear una ley “autónoma” para penar al delito de lavado de dinero, a iniciativa de diputados de las dos bancadas mayoritarias. Para mi sorpresa, los analistas y medios de comunicación del país no han abordado con suficiencia tan delicado tema.
 

Lo que ya sucedió (2004)

Durante el reporte, un diputado del FSLN se limitó a contestar que “hay que hacer lo que la ley manda”. ¿Lo que la ley manda? Me suena conocido este tema. Sí. Resulta que hace dos años estuvo calientitito, mejor dicho, hirviendo, cuando las entonces unificadas “fuerzas democráticas” querían liberar a como fuera posible al ex-presidente Arnoldo Alemán, sentenciado a 20 años de prisión por lavado de dinero, fraude, malversación de caudales públicos, peculado, asociación e instigación para delinquir y delito electoral en perjuicio del Estado nicaragüense.

En dicha ocasión, se trataba de una interpretación auténtica de la Ley 285/1999, Ley de Estupefacientes, sicotrópicos y sustancias controladas. Los diputados introdujeron la iniciativa a la 1° Secretaría de la Asamblea a finales del enero de 2004, notoriamente con motivos políticos. Como escribimos ante aquella alarmante situación, “bajo cualquier otra circunstancia, una interpretación auténtica no causaría mayor debate, y su resorte legal sería la misma Constitución Política, que en su Art. 138 inc. 2 expresa que es atribución de la Asamblea la interpretación auténtica de la ley; sin embargo, en este caso particular, debemos cuestionarnos que ocurre cuando se trata de una interpretación política y no de derecho” (END, 24/02/04).

Para aquellas fechas, los diputados de las “fuerzas democráticas” (un término completamente contradictorio) ya tenían descartados otros dos caminos: la amnistía, que es para delitos políticos, y aunque Alemán sea un político, sus delitos son comunes; y el indulto, que hubiera sido “darse con la piedra en los dientes”, pues aunque se concede un perdón se acepta que se cometió el delito. La propuesta de amnistía tuvo su look de Frankenstein, ya que se trataba de una (ayúdenme a entenderla) “amnistía ampliada”, esto era, una amnistía general a todos los funcionarios públicos a partir de 1990. Estos sinsentidos no cuajaron, afortunadamente.

Esclarezco que lo catastrófico no era únicamente liberar o no a Arnoldo Alemán, porque demostrado está que él es apenas un hilo de una extensa red de corrupción institucionalizada. Lo peligroso era continuar usando el derecho como herramienta politiquera, manipulado al espíritu de la ley como maquillaje descartable.
 

Los nuevos capítulos de la telenovela (2006)

La nueva iniciativa es extraer de la Ley 285 el delito de lavado de dinero y trasladarlo a una ley autónoma o bien, al Código Penal. Mi primera reacción al escuchar estas palabras por parte del arnoldista Wilfredo Navarro fue pensar, “qué bien, al menos ya reconocieron que todo el circo de ‘el lavado de dinero en Nicaragua sólo está ligado al narcotráfico’ fue un show completamente absurdo”. Interpreté, pobre ingenuo que soy yo, que nuestros diputados ya habían dejado atrás este tema y, en aras de un ordenamiento jurídico mejor organizado, procedían a redactar una nueva ley. Después de todo, la supuesta ambigüedad del lavado de dinero ha permitido que muchos delincuentes salgan libres ante la sospechosa complacencia de jueces y magistrados. Pero estaba equivocado.

Campantemente, el diputado Navarro cerró afirmando que con esta medida se demostraría la inocencia del máximo líder del PLC, “ya que él jamás ha cometido ningún delito de narcotráfico”. Tremenda defensa. Si yo fuera el doctor Alemán le diría a don Wilfredo que hay mejores formas de defender al compadre. Me cautivó que dejara abierta la puerta para que comprendiéramos que, en el fondo, el doctor Alemán sí cometió actos ilícitos de lavado de dinero y corrupción.

Me permito recordarle al colega Navarro, así como a Donald Lacayo, Enrique Quiñónez y todos los defensores de Alemán, incluidos los sigilosos diputados del FSLN que se puedan prestar a este absurdo, que la Ley 285/1999 tiene dos artículos que merecen relectura: los Art. 61 y 62.

El art. 61 dice: “cometen delito de lavado de dinero y/o activos provenientes de actividades ilícitas a que se refiere la presente la ley o delitos conexos”. Basado en este artículo, el doctor Alemán es inocente porque las actividades ilícitas y delitos conexos a que se refiere esta ley son relacionados únicamente con el narcotráfico, y él, es verdad, no ha sido procesado por estas actividades. SIN EMBARGO, el art. 62 amplía: “Otras Actividades. También cometen delito de lavado de dinero y/o activos: (…) b) el que por sí o por interpósita persona participe en actos o contratos reales, simulados, de adquisición, posesión, transferencia y administración de bienes o valores con intenciones de ocultar, encubrir o simular los recursos financieros obtenidos como resultados de actividades ilícitas”. Como puede percibirse con facilidad (ya sea en primera, segunda o máximo, tercera lectura), este artículo NO SE REFIERE a actividades relacionadas al narcotráfico, sino a cualquier actividad ilícita, como los delitos peculiares de los funcionarios y empleados públicos contemplados en el Título VII, Libro II, Pn. Con este artículo, Alemán no puede quedar en libertad, dada su culpabilidad evidente en los actos de corrupción.
 

Un granito de arena a la causa

Es inaudito que La Prensa, en su edición de hoy, publique una nota titulada “Delito de lavado está limitado”, con el subtítulo de “Actualmente se reconoce sólo si se liga al narcotráfico”, nota basada en declaraciones del muy apreciado Fiscal General de la República, don Julio Centeno. Desconozco las verdaderas intenciones de la nota, así como de dicho periódico, máxime con la contradicción entre esta nota y su slogan Al servicio de la verdad y la justicia. Sin querer exagerar, intuyo que no es más que un desliz de la periodista de La Prensa que, sin ser abogada, no se molestó en verificar la ley a la que hace mención, optando por publicar únicamente las declaraciones del doctor Centeno.

El Fiscal dijo que “se considera que existe lavado de dinero sólo si es producto de la narcoactividad, por lo tanto se hace necesario abarcar también otros ilícitos como malversación de fondos, asesinatos y secuestros”. Me deja boquiabierto que don Julio simplifique una realidad (quienes lavan dinero salen libres) con un silogismo falso y mal construido, cuando afirma que la ley actual es débil, porque “no se demuestra su conexión con la narcoactividad”. Insisto una vez más, el lavado de dinero no exige conexión con el narcotráfico.

Es cierto, el narcotráfico es una pandemia social que destruye hogares y barrios completos, pero el lavado de dinero es un demonio mayor que actualmente vive en los pasillos y pasadizos más oscuros del Poder Judicial. Con la estima que le debo al Fiscal, un día antes de sus declaraciones, el Ministro de Defensa nos ofreció la verdadera causa: el país no tiene recursos para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico. El primero logra comprar la impunidad con dinero u otras regalías a jueces y magistrados corruptos, mientras el segundo, bueno, sólo mencionemos que el país sólo tiene seis lanchas para combatirlo, cuatro en el Atlántico y dos en el Pacífico.
 

“Dura es la ley, por eso la cambio”

En primer año de la carrera, los estudiantes de Derecho conocemos a Ulpiano y su dura lex, sed lex, es decir, dura es la ley, pero es la ley. Pero en Nicaragua no lo cumplimos. Hace tres años, mi profesor de Derecho Procesal Penal me comentó que “la justicia en Nicaragua es como un dado. Dependiendo de que lado estás, así es el color de la justicia que se ve”. Es cierto. El problema radica en múltiples causas, como la falta de un verdadero Estado de Derecho, la ausencia de la institucionalidad y de la meritocracia, el amiguismo y la corrupción. Para no cansar al lector, basta el ejemplo del diputado Donald Lacayo, presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea (y, al mismo tiempo, director jurídico del movimiento Pro Defensa de los Derechos Humanos de Alemán), cuando la sacó de jonrón al decir: “Creo que él es inocente porque es amigo mío”, ignorando las pruebas del caso.

No cansa afirmar que nuestros políticos han contagiado de un pensamiento escatológico la segunda profesión más antigua de la humanidad, es decir el Derecho, asemejándolo cada día más a la profesión más antigua: la prostitución.

Estamos creando precedentes sumamente peligrosos, en donde lo político se encarama a lo jurídico y nosotros, bien gracias, sin protestar. Otro ejemplo reciente es la Ley Marco, donde a través de una ley ordinaria se manda a congelar lo mandatado por una Constitución Política ya reformada, en una clara alusión a que en este país importa más la politiquería que el derecho. Pero bueno, de qué nos asustamos, si bien otro diputado dijo hace dos años que en política no hay sorpresas, sino sorprendidos. Así que si la ley no nos queda bien o nos incomoda o afecta a nuestros “amigos”, la reformamos a nuestra medida para después decir, campantemente, “hay que hacer lo que la ley manda”.