No a la reducción de la edad de mayoría penal

Breve introducción del traductor: El pasado 23 de febrero diversas entidades rechazaron la propuesta de algunos parlamentarios de reducir la mayoría de edad de los 18 a los 16 años para penalizar a los menores infractores y reducir la criminalidad en Brasil. Se oponen a esta medida, entre otros, la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), la Conferencia Nacional de Obispos (CNBB), la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR), la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia e incluso el mismo presidente Lula.

Un informe del senador de Goiás Demóstenes Torres, del Partido Frente Liberal, se votará el próximo 28 de este mes en la Comisión de Constitución y Justicia del Parlamento, iniciativa que consiste en reprimir con sanciones mayores la actuación de menores en crímenes como la muerte en Río, este mes, de un niño de seis años a quien arrastraron a lo largo de siete kilómetros con un coche robado. “La prisión de los adolescentes aumenta la reincidencia porque no es educativa”, argumentan los opositores, mientras persisten duras críticas al actual sistema de internamiento de los jóvenes infractores. Como alternativa se propone invertir más en la educación de los jóvenes y en las instituciones de reeducación, pues “no se justifica que un adolescente esté internado en un centro de resocialización durante años y allí no reciba una educación o capacitación profesional de calidad”, señaló Carmen Silveira de Oliveira, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia. Se calcula que en Brasil mantener a un menor infractor en régimen interno cuesta 4.400 reales por mes (2.146 dólares), mientras que el coste anual de un alumno en la escuela pública (primaria) es de 1.900 reales (926 dólares).

Este valioso artículo de Renato Nucci Junior analiza esta situación y propone una nueva mirada a una realidad común en toda América Latina.

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La brutal muerte del pequeño João Hélio, de 6 años, que fue arrastrado a lo largo de varios kilómetros por las calles de Río de Janeiro atrapado por el cinturón de seguridad del coche de su madre que robaron un grupo de asaltantes adolescentes, proporcionó nuevas municiones para que varios sectores de la derecha brasileña, aprovechando la conmoción causada por el suceso, reabran el debate sobre la necesidad de reducir la edad de mayoría penal como forma de castigar a los adolescentes envueltos en crímenes graves y repulsivos. Para eso, tales sectores argumentan la necesidad de reformar la Ley 8.069 del 13 de julio de 1990, más conocida como el Estatuto de la Niñez y Adolescencia (ECA, por su nombre en portugués), como método para sancionar con mayor eficacia los crímenes cometidos por los menores de dieciocho años. Defienden que el ECA está protegiendo a los pequeños criminales, quienes aprovechan la supuesta suavidad y blandura de las penas aplicadas a los jóvenes y adolescentes infractores para cometer crímenes graves y violentos. En resumen, de acuerdo con el discurso conservador, el ECA viene a ser una de tantas garantías de impunidad que azotan al país.

A nuestro modo de ver, la propuesta que presentan la derecha brasileña y los grandes medios de comunicación, la reducción de la edad de mayoría penal, además de no resolver el problema, sigue un patrón muy común en la conducta de la clase dominante brasileña en cuanto a la resolución de los problemas relacionados con la seguridad pública: una visión punitiva que se resume en aumentar la dureza de las penas aplicadas como forma de inhibir nuevos crímenes. Esa lógica, tan común a la clase dominante típica de nuestro país, demuestra su incapacidad para solucionar de modo progresista los problemas que afligen a la mayoría de la sociedad brasileña y que son la causa principal de la violencia urbana, presentando como alternativa propuestas punitivas que invariablemente se restringen a reformar la ley penal haciéndola más dura. En ese sentido, el ataque de la derecha brasileña al ECA es ejemplar. Incapaz de garantizar los principales objetivos del Estatuto, que son los de asegurar “todas las oportunidades y facilidades, a fin de permitirles (a los niños y adolescentes) el desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad” (art. 3°), opta por el camino más fácil y de mayor apelo popular: reformar el art. 104, que considera “penalmente no imputables a los menores de dieciocho años, sujetos a las medidas previstas en esta Ley”, haciendo la propuesta de su reducción a los 16 años y, de acuerdo con algunos proyectos que tramitan en el Congreso Nacional, hasta los 13 años.

Es incuestionable que el problema de la seguridad pública en nuestro país es grave. Brasil presenta una de las mayores tasas de asesinato del mundo. Desde 1980 hasta 2000, cerca de 600.000 personas fueron asesinadas en el país, lo que desmiente la idea de que somos un pueblo pacífico y amigo del orden. Más del 62% de esas muertes sucedieron en la década de los 90, lo que coincide con la implantación del proyecto neoliberal, cuyas consecuencias son ya conocidas: aumento del desempleo, más precariedad e inestabilidad del trabajo, pérdida de poder adquisitivo, reducción de las inversiones en educación, privatización de los servicios públicos con la pérdida de su carácter de universalidad y desmantelamiento de las redes formales de seguridad y cobertura social.

Para la juventud proletaria los impactos del neoliberalismo han sido devastadores. Según la investigación del profesor de la Unicamp, Márcio Pochmann, el perfil de los desempleados revela que están concentrados básicamente en los sectores más vulnerables de la población, comprendiendo especialmente la población joven, que encuentra serias dificultades para insertarse en el mercado del trabajo y construir una trayectoria laboral consistente y duradera. Si consideramos que el 76% de los jóvenes internados tiene entre 16 y 18 años, edad en la que normalmente comienzan a incorporarse al mercado del trabajo, podemos concluir que la restricción de acceso a un empleo, a lo que hay que añadir la pobreza y el rompimiento familiar, ha reducido las perspectivas de la juventud pobre a una vida mínimamente digna, teniendo como consecuencia el aumento de sus actos delictivos.

A la desarticulación del mercado del trabajo, con el aumento de la informalidad y la precarización, cuyos impactos se amplían para todo el ambiente familiar, hay que sumar otros factores que contribuyen al aumento de los actos delictivos cometidos por jóvenes. En primer lugar, la cultura consumista e individualista que vende el proyecto neoliberal, cuya idea de ascensión social está ligada al consumo de artículos de lujo, y trae consigo la idea de que lo importante es darse la buena vida, no importa de qué manera. Esto se incrementa con una política de seguridad pública, cuyo enfoque es defender la propiedad y no la vida, que se ceba en la inmensa masa de trabajadores de las periferias de las ciudades brasileñas como enemigos potenciales del Estado y de la clase dominante, principalmente la juventud pobre y negra, víctima constante de la violencia policial.

En ese sentido, como ya indicamos, las posibles soluciones presentadas en torno a la seguridad pública se restringen invariablemente a medidas punitivas, como la construcción de presidios, equipamiento de la policía y endurecimiento de las penas que se aplican. En resumen, el consumismo, el individualismo, la desigualdad social, la violencia que causan estos factores y la respuesta punitiva del estado capitalista y de la clase dominante, forman una mentalidad social en la que la vida humana no tiene ningún valor: se convierte en un objeto desechable como cualquier otro que se puede comprar y consumir en los shopping centers de la vida. Y esa cultura envuelve principalmente a la juventud, cuya formación intelectual y moral está en proceso de construcción.

Un argumento esgrimido por los adversarios del ECA y defensores de la reducción de la edad de mayoría penal, sería una respuesta al aumento de los crímenes violentos y repulsivos, como asesinatos, cometidos por niños y adolescentes. Datos referentes a los adolescentes que cumplen penas de internamiento demuestran, por su parte, que esos crímenes violentos representan el 19% del total de los actos delictivos cometidos por ellos, tasa que se mantiene estable en el período de 1996 a 2002. La mayoría, cerca del 49% de los delitos, son de naturaleza patrimonial, es decir, se trata de pequeños hurtos y robos cometidos sin amenaza a la vida o a la integridad física de las víctimas. En lo que se refiere al tráfico de drogas, se constató un aumento del 4% en 1996 al 9% en 2002.

Los datos anteriores revelan que la respuesta de la justicia al aumento de los actos delictivos cometidos por jóvenes y adolescentes, contrariando al ECA, ha sido siempre la misma: castigar y criminalizar a los jóvenes infractores, la mayoría pobres y negros, con medidas de internamiento en unidades que no cumplen la función socioeducativa prevista en el Estatuto. El caso más emblemático es el de la FEBEM paulista (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, o Fundación Estadual del Bienestar del Menor), cuya violencia contra los internos es muy conocida y ha sido causa de frecuentes rebeliones de los jóvenes, que no aceptan el tratamiento violento al que están sujetos por los monitores de la institución, donde se les somete con regularidad a sesiones de tortura y malos tratos.

El aumento del 325% del número de adolescentes privados de libertad (siempre según los datos del SINASE de 1996 a 2002) indica que la respuesta del estado capitalista brasileño y de su aparato jurídico-represor para el problema de los actos delictivos cometidos por jóvenes, no responde a un aumento del número de los crímenes violentos cometidos por los mismos, ya que los casos de homicidio permanecen en el 19% en el período mencionado. En realidad, el judicial ha seguido el patrón de transformar la privación de libertad en medida habitual, adoptando una visión punitiva y descartando sistemáticamente la aplicación de las medidas socioeducativas previstas en el art. 112 del Estatuto, que son proporcionales al delito cometido por el joven y son: Advertencia, obligación de reparar el daño, prestación de servicio a la comunidad, libertad asistida, inserción en régimen de semilibertad, e internamiento en un establecimiento educacional; debiendo todas ellas, de acuerdo con el párrafo primero del referido artículo, tener “en cuenta la necesidad de cumplirlas, las circunstancias y la gravedad de la infracción”. Esta orientación se reafirma en el art. 122, inciso I, que define:

Art. 122 – La medida de internamiento podrá ser aplicada cuando:

I – Se trata de un acto delictivo cometido mediante grave amenaza o violencia a la persona…”

Los hechos antes expuestos buscan evidenciar que el problema de seguridad pública, especialmente los actos delictivos cometidos por menores de dieciocho años protegidos por el ECA reflejan, por un lado, la barbarie social a la que Brasil está sometido como consecuencia de las políticas neoliberales a partir de la década de los 90, que acrecentó la desigualdad social y la dificultad de inserción de los jóvenes en el mercado laboral; y por otro lado, muestran que la sociedad no está siendo amenazada por jóvenes delincuentes que se aprovechan de las “regalías” ofrecidas por el ECA para cometer crímenes violentos y permanecer impunes.

Pensamos que los ataques de la derecha brasileña contra el ECA, con ayuda de los grandes medios de comunicación que crean un clima de pavor generalizado en la sociedad, se insertan en una política de destrucción de todas las conquistas democráticas alcanzadas por el pueblo brasileño a partir de la Carta Constitucional de 1988. Todas las garantías sociales y laborales previstas en el art. 7°, así como aquellas vinculadas a la defensa de los intereses nacionales y de una red social de protección (como es el caso de la previsión y la seguridad social), se convirtieron en el blanco sistemático de los ataques de la clase dominante brasileña en la década de los 90, cuando el proyecto neoliberal arribó a nuestras tierras vendido como novedad capaz de garantizarnos la entrada definitiva en la modernidad.

Todos los aspectos civilizadores conquistados por el pueblo brasileño, como las garantías previstas en la Constitución Federal y el propio ECA, (cuyos contenidos procuran disminuir las desigualdades sociales a favor de la construcción de una sociedad más fraterna y solidaria) están siendo objetivos de los ataques de la derecha brasileña. Ellos reflejan el cambio del papel del estado capitalista con el advenimiento del neoliberalismo. El Estado pasa a ser mínimo cuando se trata de garantizar los derechos laborales y sociales, así como en la regulación de la economía a favor de los intereses de la mayoría de la población, y pasa a ser máximo en la defensa de los intereses del capital; abandona, disminuye y elimina la regulación de las funciones de garantizar una situación de bienestar social para toda la colectividad nacional, asumiendo un carácter más abiertamente policial y represor como única forma de contener los índices de criminalidad que crecen en la proporción en que se muestra incapaz de implementar políticas que atiendan a los intereses de la mayoría de la población, pues sus compromisos se tornan cada vez más en garantizar la reproducción ampliada del capital.

Por todos los motivos expuestos, corresponde a las fuerzas políticas y sociales comprometidas con un proceso de transformación real de la sociedad brasileña y con proposiciones democráticas y socializadoras rumbo a la construcción del socialismo, defender con firmeza todas las conquistas sociales, laborales y otras que, aunque no posean un nítido corte de clase, auxilian la defensa de los sectores de la sociedad debilitados por un capitalismo dependiente y altamente aglutinador de la renta y la riqueza generadas, agravadas por las políticas neoliberales que quitan al Estado cualquier responsabilidad social. Ése es el caso del ECA. Por eso debemos estar en contra de la reducción de la edad de mayoría penal. La juventud brasileña, en su mayoría compuesta de jóvenes proletarios, no merece ser castigada, sino tener una vida digna.

Campinas (Estado de São Paulo), febrero de 2007.
 

Notas del autor:

(I) El senador Magno Malta (PR – ES), del mismo partido que el vicepresidente de la República José Alencar, presentó un Proyecto de Enmienda Constitucional, PEC 90/2003, que reduce la edad de mayoría penal a 13 años en casos de crímenes violentos.

(II) Pochmann, Márcio: Desemprego Estrutural no Brasil e a Anomalia da Fuga de Cérebros, Direitos Humanos no Brasil em 2006, Relatório da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, São Paulo, 2006.

(III) Un ejemplo nítido del tratamiento meramente punitivo que se está dando al problema de la violencia se encuentra en el Senado Federal, que ha aprovechado las reacciones ante la muerte del pequeño João Hélio. El 13 de febrero aprobó por unanimidad un proyecto que prohibe la limitación de recursos del presupuesto destinado a programas de seguridad pública. En cambio, el Senado Federal hizo caso omiso de la reducción que el ejecutivo ha impuesto en los presupuestos destinados a la salud, la educación el saneamiento básico, el empleo, etc., eliminando así fondos sociales que podrían garantizar una vida más digna al pueblo brasileño y reducir los niveles de violencia.

(IV) Los datos mencionados se han obtenido en el Sistema Nacional de Atención Socioeducativa –SINASE– Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2006. (Sitio web).

Traducido por Ulises Juárez Polanco y revisado por Caty R., miembros de los colectivos de Rebelión, Tlaxcala y Cubadebate. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, el traductor, la revisora y la fuente.